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“No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”. En las plazas de Extremadura y del país, han resonado durante el año 2011 estas palabras indignadas, expresando el hartazgo de la ciudadanía.
La crisis multiplica el número de damnificados por las políticas neoliberales. A los cinco millones de parados, hay que sumarle 150 desahucios de vivienda al día, los recortes sociales en educación o sanidad, la congelación de ayudas de la ley de dependencia, los abusos laborales de todo tipo… Mientras el Estado reflota a la banca inyectándole cantidades astronómicas de dinero público, los barrios se deterioran a marchas aceleradas, el fantasma de la pobreza infantil vuelve a asomarse en nuestra realidad cotidiana, aumentan las enfermedades mentales y suicidios, los comedores sociales y programas de alimentos se ven desbordados. Pobreza, paro, precariedad y marginación se anudan, limitando la libertad real de millones de personas y expulsándolas a la cuneta, a la exclusión social.
Junto a la pobreza conocida emergen nuevas formas de marginación y precariedad. Casi la mitad de los jóvenes se encuentran en el paro, condenados a vivir en casa de sus padres; la emigración acaba constituyendo la única perspectiva incluso para muchos jóvenes con titulación universitaria. Y desde las tribunas del poder se habla, sin pudor alguno, de una generación perdida.
Los indicadores oficiales reconocen el mayor impacto de la pobreza en comunidades autónomas como Extremadura. En la región, 130000 personas se encuentran en el paro, y de ellas, más de una tercera parte adolece de cualquier tipo de cobertura. En esta situación, las Ayudas para la integración en situaciones de emergencia social (AISES), muestran descarnadamente su radical inadecuación. Su cuantía es tres veces más pequeña que la renta mínima del País Vasco y el acceso a las ayudas se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos. Cuando la exclusión social ronda miles de casas, las AISES demuestran a las claras su naturaleza clientelar, burocratizada y miserable.
A los que mandan se les llena la boca de palabras como pleno empleo, Estado del Bienestar o protección social. Y las leyes fundamentales, tales como la Constitución Española o el Estatuto de Autonomía establecen con solemnidad esos derechos sociales elementales. Ha llegado la hora de exigirles que cumplan las leyes y que sus hechos se compadezcan de sus bonitos discursos.
Distintos colectivos y movimientos sociales hemos constituido la Plataforma Extremeña contra la Exclusión Social para decir basta y exigir, con la ciudadanía, una respuesta urgente a esta situación. Consideramos que una de las primeras medidas a tomar es la implantación en nuestra región de la Renta Básica. En esta propuesta se dan la mano la lucha contra la marginación social y la pertinencia de dar cauce a un nuevo derecho de ciudadanía, cuya reivindicación se ha ido asentando en los últimos años.
La Renta Básica es un instrumento factible de erradicación de la pobreza, un mecanismo de reparto de la riqueza y distribución de la renta, que puede dar seguridad económica a los ciudadanos frente a la incertidumbre y la arbitrariedad, permite iniciar otros modos de vida, fomenta la igualdad de género y contribuye a eliminar los estigmas sociales.
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